Proclamada por el jurista y canciller argentino Luis M. Drago en respuesta a acciones del Reino Unido, Alemania e Italia, quienes impusieron un bloqueo naval a Venezuela, en razón de la deuda externa de ese país que el recién llegado presidente Cipriano Castro se negaba a pagar. Fue comunicada en una nota dirigida el 29 de diciembre de 1902 a su ministro en Washington, para conocimiento del gobierno de los Estados Unidos, según la cual “el principio que quisiéramos ver reconocido es el que la deuda pública no puede provocar jamás la intervención armada, y mucho menos la ocupación del suelo de una nación americana por una potencia europea”.